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El despido colectivo en sede concursal (ERE concursal de Freiremar)

El despido colectivo en sede concursal (ERE concursal de Freiremar)

El despido colectivo en sede concursal tiene características propias y diferenciales respecto al despido colectivo realizado por una empresa no declarada en concurso.

Quizás lo más importante sea destacar el procedimiento y la jurisdicción competente, teniendo en cuenta que uno u otro despido no depende de la unilateral voluntad empresarial, sino de la situación concursal, o no, de la empresa.

Mientras que en un despido colectivo (antes llamado ERE, o ERO en Catalunya) se rige por el procedimiento indicado en el artículo 51 ETT (Estatuto de los Trabajadores) y su impugnación se sigue por los cauces previstos en el artículo 124 LRJS (Ley Reguladora Jurisdicción Social) y ante la Jurisdicción laboral; cuando la empresa que pretende la extinción colectiva se encuentra declarada en concurso de acreedores dicha extinción se debe adecuar al procedimiento establecido en el artículo 64 LC (Ley Concursal) siendo competente para conocer de dicha extinción el Juez del concurso, es decir, la jurisdicción competente es la Mercantil; si bien el recurso de Suplicación contra el Auto del Juez del concurso será conocido por la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónomo donde se encuentre dicho Juzgado Mercantil.

 

Procedimiento del ERE concursal.-

A modo de resumen esquemático y sin ánimo exhaustivo, nos encontramos con que en el “ERE” concursal el procedimiento se inicia a instancia de alguna parte (empresa, Administración Concursal, o trabajadores), la cual presenta una demanda incidental de extinción colectiva de contratos de trabajo ante el juez del concurso. Esa solicitud inicial o demanda incidental deberá exponer y justificar, en su caso, las causas motivadoras de las medidas colectivas pretendidas y los objetivos que se proponen alcanzar con éstas para asegurar, en su caso, la viabilidad futura de la empresa y del empleo, acompañando los documentos necesarios para su acreditación (art. 64.4 LC).

El juez examina la demanda y la admite a trámite o no. Si la admite a trámite ordenará la constitución de la comisión negociadora pertinente, tal como ordena el artículo 41.4 ETT.

En el caso de Freiremar, al tratarse de extinciones que afectan a más de un centro de trabajo y algunos de estos centros no cuentan con representantes legales, el plazo para la constitución de la comisión representativa será de quince días. Este es el punto en el que se encuentra en estos momentos el procedimiento, pues el AC ha comunicado la providencia del juez admitiendo a trámite la solicitud de extinción, e informa a la parte social para que constituya la comisión negociadora.

Una vez se constituye la comisión negociadora, se inicia el período de consultas, el cual puede tener una duración máxima de 30 días, si bien su duración puede ser inferior en caso de acuerdo.

Transcurrido dicho plazo, o antes en caso de acuerdo, se eleva el resultado del período de consultas al Juez. En ese momento el Juzgado recabará informe de la autoridad laboral sobre las medidas propuestas o el acuerdo alcanzado, que será emitido en el plazo máximo de quince días. Recibido el informe por el juez del concurso o transcurrido el plazo de emisión de quince días, el juez resolverá mediante auto sobre las medidas propuestas, acordando, en caso de estimar la solicitud propuesta, la extinción de los contratos de trabajo. Dicha extinción surtirá efectos desde la fecha en que se dicte, salvo que en el auto se disponga una fecha posterior. Este auto producirá las mismas consecuencias que la extinción adoptada por el empresario al amparo de lo establecido en el artículo 51 ETT, debiendo abonar a los trabajadores una indemnización de 20 días por año de servicio con el máximo de una anualidad -salvo que se haya pactado otra superior-, y dando derecho al acceso a las prestaciones por desempleo.

 

DESPIDO COLECTIVO EN SEDE CONCURSAL DURANTE LA PENDENCIA DE ANTERIOR DESPIDO.-

 

Existen precedentes en los que un trabajador despedido y readmitido provisionalmente es despedido nuevamente durante la tramitación del recurso seguido contra el primer despido.

Las sentencias del Tribunal Supremo de 4 de febrero 1.991 y 9 de junio 1.997 admiten la posibilidad de ese segundo despido “ad cautelam“, el cual siempre y en todo caso dependerá, en orden a sus efectos, del pronunciamiento resolutorio del primero, de tal forma que, declarada la nulidad de éste, si se produce la readmisión nada impediría el análisis del segundo despido acaecido, el cual, contrariamente, carecería de toda significación en el supuesto de que aquella primigenia extinción contractual fuese considerada como procedente.

Volviendo al caso Freiremar, debemos recordar que la empresa ha interpuesto recurso de queja, el cual aun no ha sido resuelto por el Tribunal Supremo. Eso significa que aun no se puede descartar que las empresas no interpongan recurso de Casación Ordinaria contra la sentencia concerniente al primer despido -SAN 14/10/14- y, por tanto, se pueda declarar la procedencia del primer despido. En tal caso, el segundo despido, caso que se hubiera llevado a cabo, no tendría ningún efecto ya que la relación laboral se declararía extinguida a la fecha del primer despido (19/11/13), quedando por tanto sin objeto el eventual recurso que se hubiera interpuesto contra ese hipotético segundo despido. En dicho caso no se meritarían salarios de tramitación y devendría firme la obligación empresarial de abonar la indemnización de veinte días por año de servicio con el máximo de una anualidad.

Dicho esto, y puestos a elaborar ficciones, también sería posible que la sentencia relativa al primer despido -SAN 14/10/14- devenga firme. En tal caso, en el momento en que devenga firme, los trabajadores podrían instar la ejecución definitiva ante la Sala Social de la Audiencia Nacional, lo cual conllevaría la obligación empresarial de readmitir a los trabajadores en sus puestos de trabajo en las mismas condiciones que regían antes del despido, con abono de los salarios de tramitación. Caso que dicha readmisión fuera imposible de llevar a cabo, se podría solicitar la extinción de los contratos de trabajo con arreglo a lo establecido en el artículo 286 LRJS, lo cual implicaría la extinción a esa fecha con la máxima indemnización legalmente prevista (concretamente la indemnización que indica el art. 56 ETT para el despido improcedente), así como el devengo de los salarios de tramitación.

No obstante, esta extinción no se podría llevar a cabo si en ese momento ya estuvieran extinguidos los contratos de trabajo por efecto de Auto del juez del concurso que así lo autorice -es decir por efecto del segundo despido-. Si este fuera el caso, habría que estar a la resolución de los recursos que los trabajadores podrían interponer contra ese Auto, siendo que el resultado final sería el de tales recurso que revisaran la extinción acordada por el juez del concurso; aunque ello no afectaría al devengo de los salarios de tramitación devengados desde la fecha del primer despido hasta la fecha en que se declaró la firmeza de la sentencia concerniente al primer despido, o hasta la fecha de la extinción producida por el segundo despido, caso que ésta se produjese antes de la declaración de firmeza de la sentencia.

Espero haber aclarado algunas dudas.

Cordiales saludos.

 

Christian Navarro

Advocat laboralista

Abogado laboralista

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